El Gobierno de PSOE y Podemos
lanza la mayor ofensiva contra la propiedad privada de la democracia actual.
Cuando España es un país de propietarios de viviendas rondando entorno al 80%
de la población.
El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo ha implementado tres
medidas;
La
prohibición de desahucios
Es la primera y más importante. PSOE y Podemos aprovecharon el
estallido de la pandemia en el mes de marzo para suspender los desalojos por
impago de alquiler.
A diferencia de lo que han hecho muchos otros países, cuyos
gobiernos han concedido prestaciones y ayudas a los afectados para que puedan
seguir pagando sus rentas, el Gobierno optó aquí por derivar
el coste de la crisis hacia los propietarios, de modo que estos
tengan que asumir obligatoriamente las pérdidas causadas por la morosidad de
sus inquilinos. Medida que durará como mínimo 14 meses después de que el
Consejo de Ministros haya prolongado hasta el 9 de mayo de 2021 la suspensión
de los desahucios.
Los propietarios no podrán recuperar su
vivienda en caso de morosidad o finalización de contrato de
alquiler, siempre y cuando sus inquilinos sean considerados “vulnerables” y no
dispongan de una “alternativa habitacional” por parte de la Administración.
La categoría de “vulnerable” engloba a parados, afectados por
ERTE, familias cuyos ingresos no superen, como mínimo, los 1.613 euros al mes o
que el pago del alquiler y los suministros básicos (electricidad, gas, gasoil
para calefacción, agua, telecomunicaciones y comunidad) supongan el 35% o más
de los ingresos netos de la unidad familiar.
Esta medida supone una expropiación temporal de viviendas.
Tanto es así que hasta el Gobierno establece en el Real Decreto una
compensación a los propietarios afectados, si las comunidades autónomas no
ofrecen a los inquilinos una “vivienda digna” en el plazo de tres meses desde
que queda acreditada su vulnerabilidad económica.
Cortes
de suministros
Y sucede lo mismo con los cortes de suministros básicos. Los
propietarios de los inmuebles tendrán que hacer frente a las facturas de luz,
agua y calefacción de sus inquilinos morosos durante el
tiempo que dure la suspensión de los desahucios, tanto si tienen contrato como
si no. Es decir, tampoco podrán cortar los suministros a los okupas.
Legalización
de okupas
Por si fuera poco, el real decreto aprobado por el Gobierno
extiende la prohibición de los desahucios a los okupas si se hacen con
viviendas vacías de grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles),
aunque estos podrán solicitar una compensación si demuestran que la suspensión
del lanzamiento les ha ocasionado un perjuicio económico “al encontrarse la
vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada en el
inmueble”. Es decir, sólo podrán reclamar justiprecio en determinados casos,
excluyendo así muchas viviendas vacías.
Según denuncia la Asociación de Propietarios de Vivienda en
Alquiler (Asval), esto “supone la legalización de la ocupación ilegal,
lo que va a convertir a España en el único país avanzado que permite este
tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas”.
Precio
máximo de alquileres
Hay dos propuestas que se podrían materializar en los próximos
meses;
– Por un lado, la fijación de un precio máximo
en los alquileres de zonas calificadas como “tensionadas”
a través de la futura Ley de Vivienda. Este tipo de controles ya se ha
intentado aplicar en otros países y ha resultado un rotundo fracaso.
– La Agencia Negociadora del Alquiler advierte de que es “una
medida puramente ideológica, contraria al libre mercado de alquiler, donde los
pequeños propietarios particulares, que son más del 90% del sector, se van a
ver perjudicados y muchos de ellos preferirán cerrar
sus viviendas al alquiler”.
Expropiación
de pisos vacíos
Existe la posibilidad de penalizar a los propietarios de
viviendas vacías mediante nuevas cargas fiscales. De hecho, Podemos va incluso
más allá y habla abiertamente de la posibilidad de expropiar, de forma temporal
o definitiva, e incluso confiscar, sin indemnización posible,
los inmuebles vacíos de grandes tenedores de vivienda.
