El Gobierno aprobará un decreto ley con el que modificará la norma que regula el impuesto de actos jurídicos documentados vinculado a las hipotecas, para que “nunca más” tengan que pagarlo los consumidores, sino que lo paguen los bancos.
Es la respuesta del Gobierno al fallo del Supremo de este martes, que, enmendando una sentencia de mediados de octubre, ha dictaminado que han de ser los clientes, y no la banca, los que paguen el impuesto al constituir un crédito hipotecario. Además, Sánchez ha anunciado también que llevará al Congreso la creación de una “autoridad independiente de protección de los clientes financieros”, un órgano para proteger a los ciudadanos de abusos y conflictos del sistema financiero.
Choque entre dos poderes del Estado
Nunca antes se había visto un choque tan fuerte y rápido entre el alto tribunal y el Gobierno. En la rueda de prensa para explicar la medida, Sánchez ha cargado con dureza contra el tribunal, controlado por los conservadores y presidido por Carlos Lesmes, un hombre aupado allí por el PP al que ahora le queda menos de un mes de mandato, al menos en teoría.
"El Gobierno trabaja para que se cumplan los plazos" de renovación del Poder Judicial, ha dicho Sánchez apuntando así al final de la carrera de Lesmes. "Creo que el Tribunal Supremo tiene que hacer una reflexión sobre el debate que se ha suscitado sobre su credibilidad. Tienen que reflexionar sobre estas dos semanas. Respeto la independencia del poder judicial, pero ningún poder está fuera de la crítica, creo que el poder judicial debe hacer autocrítica de lo que ha pasado". A pocas semanas del inicio del juicio del procés, el más importante para el Supremo de los últimos años, Sánchez ha querido desvincular los dos procesos, pero ha admitido que el tribunal ha quedado tocado.
El presidente cree que tendrá apoyo parlamentario sin problemas para convalidar este decreto que se aprueba mañana. El PP, sin embargo, plantea ahora eliminar directamente este impuesto, por el que las comunidades autónomas ingresan más de 8.000 millones de euros anuales. Sánchez ha cargado contra el líder del PP, Pablo Casado, por sugerir esta eliminación. "Que hable con los presidentes de comunidades autónomas del PP, porque a mí ellos me piden más recursos para sanidad, educación, infraestructuras. Si eliminan este impuesto tendrían menos recursos. Nosotros queremos que se mantenga y que lo paguen los bancos", ha señalado el presidente.
Tras la polémica suscitada este martes después de la decisión del Supremo de dejar en manos del cliente el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, Sánchez ha comparecido de manera extraordinaria en La Moncloa para explicar la reforma legal elegida por el Gobierno para que sean los bancos los que paguen el impuesto a partir de la entrada en vigor de la nueva legislación. Y ha hecho mucho énfasis en esta idea: "Que nunca más sean los ciudadanos los que paguen este impuesto, sino que sean los bancos". Finalmente, será a través de un decreto ley por el que se modificará el artículo 29 de la ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la que regula el impuesto que se paga a la constitución de una hipoteca. El decreto será aprobado mañana en Consejo de Ministros y estará en vigor el viernes, cuando se publique en el BOE.
Actualmente, el artículo 29 la norma afirma que "será sujeto pasivo [del impuesto y por tanto, quien debe pagarlo] el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan". Es esa última frase la que causaba problemas de interpretación y por la que se introdujo un reglamento que especificaba que tenía que pagarlo el cliente. Con la reforma, "quedará claro que el impuesto de actos jurídicos documentados corresponderá siempre a los bancos y nunca más a los ciudadanos de a pie".
El presidente del Gobierno ha sido bastante duro con la actuación del Supremo, que este martes corrigió una jurisprudencia que había sido establecida apenas hace tres semanas, con una sentencia del 16 de octubre que a su vez enmendaba 20 años de criterio sobre el impuesto de las hipotecas. Sánchez ha dicho que, pese a que "respeta siempre" la independencia del poder judicial, "el Ejecutivo no puede dejar de lamentar la situación generada por la sentencia del día 16 y que culminó este martes con la doctrina rectificada. La situación no es positiva ni para los bancos ni para los jueces ni, sobre todo, para los ciudadanos". Ha llegado a afirmar que el "Supremo tiene que reflexionar sobre su credibilidad".
Como gesto a los consumidores, "para elevar la protección de los derechos de los clientes financieros", Sánchez ha anunciado también que enviará a las Cortes la "creación de una autoridad independiente de protección de los clientes financieros", cuyo objetivo será "garantizar la seguridad jurídica de todos", reforzar la protección ante los abusos del sistema financiero y mejorar la capacidad de resolver conflictos en el sector financiero".
Buena disposición de partidos para aprobar la modificación del impuesto
En la reforma de la ley contará el Gobierno, cuando la envíe al Parlamento, previsiblemente con el apoyo de buena parte de los grupos parlamentarios. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y antes de conocer las intenciones del Gobierno, ha dado carta blanca para apoyar una reforma legal que haga que los bancos asuman el pago del impuesto. La fórmula "más rápida", siempre que esté bien hecha para no ser tumbada, ha pedido el líder, Albert Rivera, en comparecencia de prensa en el Congreso, ha reclamado a los grupos políticos consenso "unánime y urgente" sobre esta reforma exprés. "Si puede ser, hagámoslo la semana que viene", ha subrayado.
Ciudadanos es muy crítico con el Tribunal Supremo, que considera que se ha "autolesionado" con esta decisión y debe hacer autocrítica. Pero no pide el líder del partido liberal la dimisión del presidente del Supremo, aunque sí "cortar el cordón umbilical" entre la política y la judicatura, con un cambio en el proceso de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
La portavoz del PSOE también ha expresado sus críticas a la actuación del Supremo. "Los trabajadores de este país fueron solidarios con el sistema financiero, al que se inyectó 77.000 millones de euros por la gran crisis que sufrió hace una década. Recursos que no vamos a volver a ver. Lo que es inexplicable es lo que ha pasado ahora con el impuesto sobre actos jurídicos documentados", ha incidido.
