El problema del acceso a la vivienda de los jóvenes

 España tiene un problema estructural poblacional: tenemos la población más envejecida del mundo después de Japón y genera un desequilibrio en las cuentas públicas sin precedentes como demuestra el análisis del presupuesto y la partida de pago de pensiones. Los jóvenes no abandonan el hogar familiar no porque no quieran sino porque no pueden. Apenas uno de cada 10 jóvenes puede comprar o alquilar vivienda.

Si analizamos el comportamiento de las mismas generaciones en otros países europeos, podemos comprobar que la edad de emancipación se reduce considerablemente, como por ejemplo en el caso de Francia. Con la concesión de un aval del 20% por el Gobierno que ayudaría a limitar este problema.

Recientes estudios indican que gran parte de la población comprendida entre los 25 y 35 años elegiría tener una vivienda en propiedad antes que alquilar, pero pocas personas jóvenes pueden reunir los requisitos previos que se exigen para formalizar un préstamo hipotecario.

En el caso del mercado de compraventa, una solución podría ser facilitar el acceso a todos aquellos jóvenes que tienen capacidad de pago, pero no han tenido hasta ahora capacidad de ahorro que les permita aportar el porcentaje que se requiere para la compra.

Este mismo problema apareció en la crisis de 2008 en Reino Unido y Francia, y la solución que se dio fue la de facilitar un crédito del 20% por parte de la administración, junto con el 75% de una entidad financiera, y de este modo muchísimos jóvenes pudieron acceder a su primera vivienda. Estos programas están todavía vigentes en estos países con gran éxito.

En las circunstancias actuales con la crisis del COVID-19, no sería factible una solución que pase por la concesión de un crédito por parte del gobierno, pero sí por la concesión de un aval por ese mismo porcentaje, del 20%, que permitiría a las entidades financieras extender el crédito hipotecario hasta el 95% del valor de la vivienda

Con esta medida el Gobierno solo se tiene que comprometer actualmente a presentar el aval en el momento de entrega de la vivienda. Esto sucederá, en el mejor de los casos, para el año 2022.

 En términos de recaudación, la promoción y construcción de 350.000 viviendas en tres años, reportaría al Estado unos ingresos en concepto de impuestos de 8.850 millones de euros, cuantía importante para las arcas públicas.

Estamos ante una oportunidad única de resolver, en gran medida, el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, con un impacto casi nulo en el presupuesto nacional, pero con una reactivación económica.    

La ocupación ilegal en España

 

 

Los sectores inmobiliario y judicial piden al Gobierno medidas contundentes contra la okupación.
 

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) han analizado el fenómeno actual de okupación de viviendas que se está produciendo en España en general y en Catalunya en particular.

El evento ha contado con una amplia representación de las diferentes partes implicadas en la materia.

Gerard Duelo ha querido agradecer a los asistentes su participación y ha señalado “la importancia de este tipo de sesiones en un momento de extrema necesidad de defender la propiedad privada y de establecer una normativa clara y ágil para poder poner solución definitiva a un fenómeno que ha registrado un aumento exponencial en los últimos años”.

Ramon Riera ha sido contundente en su intervención y ha puesto énfasis en que “hay okupaciones que son realizadas por gente sin hogar que no tiene nada que perder, pero también existen grupos de jóvenes organizados que ven en este tipo de acciones una forma de independizarse e incluso de realizar actividades delictivas”. 

 Por su parte, Judith Alberich ha puesto el foco en el aumento de casos que ha denominado ‘okupaciones ideológicas’, grupos ciudadanos que tratan enfrentarse a fondos o entidades que operan con edificios enteros en barrios de grandes ciudades. “En Tecnotramit no somos partidarios del pago para la recuperación del inmueble, pues no deja de ser un soborno que, aunque pueda ser una solución rápida y eficaz en algún caso, claramente puede provocar un efecto llamada que no es nada aconsejable. La mejor solución en estos casos es la mediación realizada por profesionales, especialmente en este tipo de casos ideológicos y evitando el daño reputacional, que es lo que buscan estos colectivos”, ha indicado.

El magistrado juez Fernando Valdivia ha compartido su amplia experiencia en los tribunales con los asistentes: “La mayoría de los casos de okupación que me he encontrado en los últimos 30 años no eran por vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y, sin embargo, suele ser la única alegación que realizan los abogados, en su mayoría de oficio, para proteger a este tipo de delincuentes”. El magistrado también ha aprovechado para solicitar al poder político “una actuación más contundente para facilitar la labor a los magistrados y la policía” y “establecer juzgados especializados en esta materia y los medios necesarios”.

El abogado Albert Ferrer ha puesto el énfasis en la necesidad de “distinguir de si se trata de un delito penal de usurpación o un delito leve, en cuyo caso pueden existir vacíos legales aprovechados por parte la defensa”.

El arquitecto Manel Roger ha afirmado haber notado “un aumento de la okupación en viviendas de obra nueva”, un fenómeno que supone graves problemas para las constructoras: “Mientras la vivienda no ha sido entregada al comprador, es la empresa promotora la responsable del inmueble y la que tiene el problema de tener que recuperarla, por lo que es el constructor el que ha de hacer frente a los sobrecostes que acarrean los gastos en la seguridad 24h para prevenir la okupación o el robo de materiales de construcción”.

Por último, Constatino Pérez ha puesto sobre la mesa las cifras que este tipo de casos tienen detrás: “Con sobornos de 3.000 euros se pueden recuperar las viviendas que previamente han sido okupadas debido al trabajo de cerrajeros profesionales que, por alrededor de 1.500 euros, inhabilitan las cerraduras y dejan el inmueble a merced de los extorsionadores. En este contexto de alta profesionalización de los okupas, algunos sistemas de alarmas en los pisos vacíos funcionan como método disuasorio para la okupación”.