Los sectores inmobiliario y
judicial piden al Gobierno medidas contundentes contra la okupación.
El Colegio
Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y la
Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) han
analizado el fenómeno actual de okupación de viviendas que se está produciendo
en España en general y en Catalunya en particular.
El
evento ha contado con una amplia representación de las diferentes partes
implicadas en la materia.
Gerard
Duelo ha querido agradecer a los asistentes su
participación y ha señalado “la importancia de este tipo de
sesiones en un momento de extrema necesidad de defender la propiedad privada y
de establecer una normativa clara y ágil para poder poner solución definitiva a
un fenómeno que ha registrado un aumento exponencial en los últimos años”.
Ramon
Riera ha sido contundente en su intervención y ha puesto
énfasis en que “hay okupaciones
que son realizadas por gente sin hogar que no tiene nada que perder,
pero también existen grupos de jóvenes organizados que ven en este tipo de
acciones una forma de independizarse e incluso de realizar actividades
delictivas”.
Por su parte, Judith
Alberich ha puesto el foco en el aumento de casos que ha
denominado ‘okupaciones ideológicas’,
grupos ciudadanos que tratan enfrentarse a fondos o entidades que operan con
edificios enteros en barrios de grandes ciudades. “En Tecnotramit no somos
partidarios del pago para la recuperación del inmueble, pues no deja de ser un
soborno que, aunque pueda ser una solución rápida y eficaz en algún caso,
claramente puede provocar un efecto llamada que no es nada aconsejable. La
mejor solución en estos casos es la mediación realizada por profesionales,
especialmente en este tipo de casos ideológicos y evitando el daño
reputacional, que es lo que buscan estos colectivos”, ha indicado.
El magistrado juez Fernando Valdivia ha
compartido su amplia experiencia en los tribunales con los asistentes: “La
mayoría de los casos de okupación que me he encontrado en los últimos 30 años
no eran por vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y, sin embargo, suele
ser la única alegación que realizan los abogados, en su mayoría de oficio, para
proteger a este tipo de delincuentes”. El magistrado también
ha aprovechado para solicitar al poder político “una actuación más contundente
para facilitar la labor a los magistrados y la policía” y “establecer
juzgados especializados en esta materia y los medios necesarios”.
El abogado Albert
Ferrer ha puesto el énfasis en la necesidad de “distinguir
de si se trata de un delito penal de usurpación o un delito leve, en cuyo caso
pueden existir vacíos legales aprovechados por parte la defensa”.
El arquitecto Manel
Roger ha afirmado haber notado “un aumento de la okupación en
viviendas de obra nueva”, un fenómeno que supone graves problemas
para las constructoras: “Mientras la vivienda no ha sido
entregada al comprador, es la empresa promotora la responsable del inmueble y
la que tiene el problema de tener que recuperarla, por lo que es el constructor
el que ha de hacer frente a los sobrecostes que acarrean los gastos en la
seguridad 24h para prevenir la okupación o el robo de materiales de
construcción”.
Por último, Constatino
Pérez ha puesto sobre la mesa las cifras que este tipo de
casos tienen detrás: “Con sobornos de 3.000 euros se
pueden recuperar las viviendas que previamente han sido okupadas debido al
trabajo de cerrajeros profesionales que, por alrededor de 1.500 euros,
inhabilitan las cerraduras y dejan el inmueble a merced de los extorsionadores.
En este contexto de alta profesionalización de los okupas, algunos sistemas de
alarmas en los pisos vacíos funcionan como método disuasorio para la
okupación”.
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